Abogado penalista

Una amenaza es delito cuando el mal anunciado es futuro, determinado, posible y depende de la voluntad del que amenaza. No es delito si: el mal es pasado, es imposible de realizar, no es determinado, o si es una advertencia legítima. Además, debe ser objetivamente idónea para intimidar a una persona normal en esas circunstancias.

Las amenazas graves son aquellas en las que el mal anunciado constituye delito (homicidio, lesiones, aborto, etc.) y se castigan con penas de prisión de 6 meses a 5 años según sean condicionales o no. Las amenazas leves son aquellas en que el mal no constituye delito (romper algo, publicar información, etc.) y se sancionan con penas menores de 3 meses a 1 año de prisión o multa.

No necesariamente. El delito se consuma cuando la amenaza llega a conocimiento del sujeto pasivo, sin que sea preciso que efectivamente se sienta atemorizado o intimidado. Lo relevante es que la amenaza sea objetivamente idónea para intimidar a una persona normal colocada en esas circunstancias.

Sí, las amenazas pueden realizarse por cualquier medio, incluidos mensajes de WhatsApp, emails, redes sociales, etc. De hecho, cuando las amenazas se realizan por medios de comunicación o telemáticos, la pena se impone en su mitad superior, siendo considerada una agravante específica.

Son aquellas en las que el que amenaza exige el cumplimiento de una condición (entregar dinero, hacer algo, dejar de hacer algo). Si se consigue lo exigido, la pena es de 1 a 5 años de prisión. Si no se consigue, de 6 meses a 3 años. La condición no debe ser el cumplimiento de una conducta debida (como pagar una deuda legítima).

Es una modalidad específica de amenaza (Art. 171.2) que consiste en exigir dinero o recompensa bajo amenaza de revelar hechos de la vida privada o familiar que puedan afectar a la fama, crédito o interés de la persona. La pena es de 2 a 4 años si se consigue la entrega, y de 4 meses a 2 años si no se consigue.

En las amenazas, el mal es futuro y su realización depende de la voluntad del que amenaza. En las coacciones, se impide directamente hacer lo que la ley no prohíbe o se obliga a hacer lo que no se quiere. La coacción es más inmediata y el mal puede ser presente, mientras que en las amenazas el mal es siempre futuro y condicional a la conducta de la víctima.

Sí, el Art. 171.4 establece un tipo específico para amenazas leves cuando se dirigen contra quien es o ha sido cónyuge o persona ligada por relación de afectividad, aunque no haya convivencia. La pena incluye prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia de armas, y puede conllevar inhabilitación especial para patria potestad o guarda.

En principio no constituye amenaza delictiva anunciar algo que está dentro de los derechos legítimos del que amenaza (como interponer una demanda legal). Sin embargo, si el ejercicio de ese derecho se condiciona a una conducta no debida o se usa para intimidar de forma abusiva, podría constituir delito en determinadas circunstancias.

El Art. 170.1 castiga con penas agravadas (superiores en grado a las del Art. 169) las amenazas dirigidas a aterrorizar a los habitantes de una población o a miembros de un grupo étnico, cultural, religioso o colectivo social o profesional, siempre que tengan la gravedad necesaria para conseguirlo. También se castiga la demanda pública de comisión de acciones violentas.